Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Chile entró en una de las etapas más oscuras de su historia reciente. Bajo el mando de Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas iniciaron una campaña de represión que incluyó detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Entre 1973 y 1974, según el Informe Rettig (1991), se produjeron la mayor parte de las muertes registradas durante la dictadura. Este ensayo analiza si dichas muertes pueden considerarse inevitables o si, por el contrario, fueron el resultado de decisiones políticas deliberadas.

1. El golpe de Estado no era la única solución a la crisis

La polarización política, la crisis económica y el conflicto entre poderes del Estado en 1973 generaron un clima de tensión nacional. Sin embargo, diversos actores, tanto nacionales como internacionales, propusieron vías alternativas a la ruptura institucional, como reformas constitucionales o un plebiscito. El propio presidente Salvador Allende expresó su disposición al diálogo hasta las últimas horas de su gobierno (Allende, discurso del 11 de septiembre de 1973).

Según historiadores como Gabriel Salazar (2006), el golpe fue una acción planificada, que contó con apoyo externo (como el financiamiento y asesoramiento de la CIA) y respaldo de sectores empresariales chilenos. Esto indica que el golpe fue una elección estratégica, no una reacción inevitable.

2. La violencia sistemática fue una decisión política

El Informe Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991) reconoce que la mayor parte de las muertes ocurrió entre septiembre de 1973 y diciembre de 1974. Muchas de estas fueron ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y asesinatos en centros de detención clandestinos, como la Escuela de Infantería de San Bernardo, Villa Grimaldi o Tejas Verdes.

El uso de la violencia fue sistemático y organizado. Instituciones como la DINA (creada en 1974) y otras unidades militares actuaron con total impunidad. Las muertes, por tanto, no fueron accidentes ni daños colaterales: fueron el resultado de una estrategia de eliminación de opositores.

3. Existía la capacidad de controlar o evitar las muertes

El Ejército chileno, altamente profesionalizado, contaba con los medios logísticos, humanos y técnicos para controlar el orden sin recurrir a la eliminación física de los opositores. Prueba de ello es que en varios lugares se realizaron detenciones masivas sin ejecuciones inmediatas. La decisión de permitir, e incluso alentar, la tortura y asesinato de miles de personas fue política, no militarmente inevitable.

Además, según testimonios recogidos en el Informe Valech (2004), varios funcionarios se negaron a participar en actos de represión extrema, demostrando que había margen para actuar de forma distinta. Esto refuerza la tesis de que las muertes no eran inevitables, sino evitables.

4. El derecho internacional y la responsabilidad de mando

Según el Estatuto de Roma (1998) y los principios establecidos en los Juicios de Núremberg, el cumplimiento de órdenes superiores no exime de responsabilidad cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Las acciones del gobierno de facto chileno entre 1973 y 1974 encajan en esta categoría, según diversos organismos de derechos humanos (Human Rights Watch, Amnistía Internacional).

Esto implica que no solo quienes ejecutaron las órdenes, sino también quienes las emitieron y permitieron, como el general Pinochet, deben ser considerados responsables de esos crímenes.

A la luz de los antecedentes históricos, jurídicos y testimoniales, es posible afirmar que las muertes provocadas por el régimen de Pinochet entre 1973 y 1974 no eran inevitables. Fueron el resultado de decisiones conscientes tomadas por una cúpula militar que optó por una estrategia de violencia extrema para consolidar el poder y eliminar toda oposición. Reconocer esta responsabilidad es esencial para la memoria histórica, la justicia y la prevención de futuros abusos.

Referencias

• Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. (1991). Informe Rettig. Santiago, Chile.

• Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2004). Informe Valech. Santiago, Chile.

• Salazar, G. (2006). Conversaciones con la historia. Santiago: LOM Ediciones.

• Human Rights Watch. (2001). Chile: Justicia en el Tiempo.

• Amnistía Internacional. (1999). Chile: Justicia y Verdad.

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998).