By La propuesta contempla un incremento del 3,5% general e, inicialmente, un alza del 2,9% para las altas autoridades que los/as legisladores/as dejaron en cero tras la votación en particular.
En sesión especial celebrada entre las 20:00 y 22:45 horas, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto (boletín 12291) que reajusta las remuneraciones del sector público en un 3,5% general a partir del 1 de diciembre de 2018.
La propuesta fue presentada ante la Corporación a través del informe de la Comisión de Hacienda, que rindió el diputado Gastón Von Mühlenbrock (UDI), que recomendó la ratificación de la propuesta, aunque no planteó un guarismo de reajuste general, dado que la oposición esperaba negociar con el Gobierno una cifra mayor, más cercana al 4%.
También influyó en dicha decisión realizar un llamado de atención por los miles de despidos injustificados en el sector público, en línea con planteamientos expuestos por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).
El punto en cuestión fue, de hecho, retomado durante el debate por legisladores y diputadas de oposición que sostuvieron que no se está dando cumplimiento a la Circular 21 del Ministerio de Hacienda, que incluye orientaciones generales a los jefes superiores de servicios sobre el proceso de renovación del personal a contrata, que fue enviada en el marco del proceso de negociación colectiva por el reajuste.
Al respecto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comprometió un seguimiento estricto del cumplimiento de la citada circular que, entre variados puntos, establece que las eventuales no renovaciones de contratas deben estar limitadas solo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones en el ejercicio de las facultades correspondientes.
Votaciones y rebaja del reajuste para altas autoridades
La Sala aprobó la idea de legislar por 112 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones. Luego, se procedió a las votaciones separadas, dentro de las cuales el punto más relevante fue la restitución del 3,5% de reajuste general, apoyado por 76 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones.
Este reajuste de 3,5% afecta a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos bases, asignación profesional, de zona, de fiscalización, municipal, de especialidades y otras similares, según la normativa que les sea aplicable, a los trabajadores de la administración civil del Estado.
También se incluyen en este marco el personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la Ley 15.076.
Otro punto relevante dentro de las votaciones fue la aprobación de una indicación presentada por alrededor de 30 legisladores/as que redujo a cero el reajuste planteado para las altas autoridades del país.
La propuesta original planteada por el Gobierno definía un reajuste de 2,9% para los siguientes cargos: Presidente de la República; ministros de Estado; subsecretarios; intendentes; Presidente de la Corte Suprema; ministros de la Corte Suprema; fiscal de la Corte Suprema; y el Contralor General de la República .
Por homologación de letras o grados, se aplicaba también un 2,9% a la dieta que perciben los diputados y senadores; y a la renta mensual de los ministros del Tribunal Constitucional; del presidente del Consejo para la Transparencia; del Fiscal Nacional y del director ejecutivo del Ministerio Público; y de los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados, así como del director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
La propuesta legal también contempla los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias para el sector activo; un bono de escolaridad y bonificaciones especiales; el aporte al servicio de bienestar; y un bono de invierno, aguinaldos de fiestas patrias y de navidad para los pensionados, entre otros varios beneficios sectoriales.
Adicionalmente, se contemplan normas anexas en otras materias relacionadas al ámbito público, entre ellas: para eliminar el cobro por certificados digitales emitidos por el Registro Civil; para facultar la aplicación de las remuneraciones mínimas y fijar normas de contratación a honorarios en las universidades estatales; creación de nuevos cargos en algunas instituciones públicas; y para facultar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, a la Superintendencia de Seguridad Social, al Instituto Nacional de Estadísticas y a la Contraloría General de la República a crear un plan piloto de teletrabajo.
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